Se garantiza el secreto de las comunicaciones de los españoles, salvo resolución judicial.

Se puede obligar a alguien a declarar su ideología, religión o creencias.

La Educación Primaria (de 6 a 12 años) es obligatoria y gratuita.

La libertad de prensa está limitada por el respeto al honor de las personas.

Los españoles deben ayudar en los casos de catástrofe o calamidad pública.

Se reconoce el derecho a la creación literaria y artística.

Los profesores pueden enseñar con libertad, dentro de los límites de la Constitución.

Las penas de cárcel y las medidas de seguridad están orientadas en España hacia la reeducación y reinserción social.

En caso de huelga, la ley garantiza el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Los poderes públicos garantizan la atención sanitaria para todos los ciudadanos.

Los poderes públicos deben promover la educación física y el deporte.

Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Los poderes públicos garantizan la libertad de movimiento de los ciudadanos en el territorio nacional.

Los españoles que obtienen la nacionalidad por residencia tiene los mismos derechos que los nacidos en España.

Todos los españoles, ya sean mayores o menores de edad, tienen derecho a votar en las elecciones.

En España existe la pena de muerte.

Los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores.

Los jóvenes tienen derecho a participar en el desarrollo político del país.

Todos los españoles deben contribuir con la misma cantidad de impuestos para sostener los gastos públicos.

En España las fuerzas de seguridad pueden entrar en un domicilio privado sin resolución judicial en cualquier momento.

Todos los ciudadanos tendrán acceso al sistema de Seguridad Social público, excepto si están desempleados.

En España está reconocido el derecho de asociación.

En España, la edad mínima para casarse es de 14 años.

La ley limita el acceso de terceras personas a datos de carácter personal.

Se puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituían delito.